Seguimos revisando el posicionamiento de los partidos políticos sobre la vivienda de uso turístico. En esta ocasión toca revisar la que ha mantenido el Partido Popular en Madrid.
El Partido Popular se ha posicionado en contra la nueva regulación anunciada por el gobierno de Manuela Carmena.
Según Íñigo Henríquez de Luna, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid esta nueva regulación es "absolutamente injusta" y acabará siendo "tumbada" por los tribunales. Añadió que el Gobierno de Carmena "únicamente ha creado, en este tema y en otros muchos, inseguridad jurídica".
El portavoz popular ha indicado que la nueva regulación perjudicará a los vecinos y a todas las personas que se dedican a esta actividad legal, pero que el consistorio pretende colocar fuera de la ley.
Posicionamiento contra la regulación planteada por el ayuntamiento
Ahora Madrid lleva tres años gobernando y si realmente hubiera tenido voluntad política para solucionarlo, habría realizado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana consensuado con la Comunidad de Madrid.
La paralización de desarrollos urbanísticos en la capital es culpable del incremento en los precios del alquiler.
Criminalizar a las VUT es injusto y la consecuencia es que Madrid va a quedar fuera de un mercado en el que debería estar cualquier ciudad moderna y cosmopolita. La solución no es prohibirlas, sino regularlas. Pero las condiciones tan restrictivas que les han puesto -como que sea necesario tener acceso directo por la calle- son casi de imposible cumplimiento.
El PP apuesta por la regulación de las viviendas de uso turístico, pero con sentido común y sin prejuicios. Madrid debe tener una oferta de VUT como la tienen muchas otras ciudades europeas y mundiales. El turismo se ha democratizado y esta opción da respuesta a personas que, en muchos casos, no se pueden pagar el precio del hotel.
El PP se muestra a favor de la economía colaborativa que conviva con la oferta tradicional, en este caso, de los hoteles.
Lo que se ha demostrado con el decreto presentado por la Comunidad de Madrid es que es mucho más sensato que la regulación propuesta por el Ayuntamiento y da mayores certidumbres -tanto a los usuarios de este tipo de servicio y a los propietarios de inmuebles que ponen en el mercado sus viviendas, como al conjunto del sector turístico-.